United
Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and
Expression Inter-American
Commission on Human Rights Special
Rapporteur for Freedom of Expression Joint
Statement On Wikileaks 2. At the same
time, the right of
access to information should be subject to a narrowly tailored system
of exceptions
to protect overriding public and private interests such as national
security
and the rights and security of other persons. Secrecy laws should
define
national security precisely and indicate clearly the criteria which
should be
used in determining whether or not information can be declared secret.
Exceptions
to access to information on national security or other grounds should
apply
only where there is a risk of substantial harm to the protected
interest and
where that harm is greater than the overall public interest in having
access to
the information. In accordance with international standards,
information
regarding human rights violations should not be considered secret or
classified. 3. Public
authorities and their staff bear sole responsibility
for protecting the confidentiality of legitimately classified
information under
their control. Other individuals, including journalists, media workers
and
civil society representatives, who receive and disseminate classified
information because they believe it is in the public interest, should
not be
subject to liability unless they committed fraud or another crime to
obtain the
information. In addition, government "whistleblowers"
releasing
information on violations of the law, on wrongdoing by public bodies,
on a
serious threat to health, safety or the environment, or on a breach of
human
rights or humanitarian law should be protected against legal,
administrative or
employment-related sanctions if they act in good faith. Any attempt
to impose subsequent liability on those who disseminate classified
information
should be grounded in previously established laws enforced by impartial
and independent
legal systems with full respect for due process guarantees, including
the right
to appeal. 4. Direct or
indirect government interference in or pressure
exerted upon any expression or information transmitted through any
means of
oral, written, artistic, visual or electronic communication must be
prohibited
by law when it is aimed at influencing content. Such illegitimate
interference
includes politically motivated legal cases brought against journalists
and independent
media, and blocking of websites and web domains on political grounds. Calls by public
officials for illegitimate retributive action are not acceptable. 5. Filtering
systems which are not end-user controlled –
whether imposed by a government or commercial service provider – are a
form of
prior censorship and cannot be justified. Corporations that provide
Internet
services should make an effort to ensure that they respect the rights
of their
clients to use the Internet without arbitrary interference. 6.
Self-regulatory
mechanisms for journalists have played an important role in fostering
greater
awareness about how to report on and address difficult and
controversial
subjects. Special journalistic
responsibility is called for when
reporting information from confidential sources that may affect
valuable
interests such as fundamental rights or the security of other persons.
Ethical
codes for journalists should therefore provide for an evaluation of the
public
interest in obtaining such information. Such codes can also provide
useful guidance
for new forms of communication and for new media organizations, which
should
likewise voluntarily adopt ethical best practices to ensure that
the
information made available is accurate, fairly presented and does not
cause
substantial harm to legally protected interests such as human rights. Catalina
Botero Marino Inter-American
Commission on Human Rights Special
Rapporteur on Freedom of Expression Frank
LaRue UN
Special Rapporteur on Freedom of Opinion and
Expression
--- Source::http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=829&lID=1
http://cyberlaw.org.uk/2010/12/21/un-special-rapporteuroas-statement-on-wikileaks/ Relator Especial de las Naciones Unidas para la
Libertad de Opinión y Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Declaración conjunta sobre Wikileaks 21
de diciembre de 2010 --
Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de
comunicaciones
diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior
publicación
de dicha información en los medios masivos de comunicación,
el Relator
Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de
Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de
presente
una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen
un
llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan
en
cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos
mencionados. 1.
El derecho de acceso a la
información en poder de autoridades públicas es un derecho humano
fundamental
sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad
de
expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la
información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se
trata de
un derecho particularmente importante para la consolidación, el
funcionamiento
y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido
un alto
grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la
garantía de
este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada
rendición
de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación
política.
Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de
asegurar el
principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que
todavía
prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a
divulgación. 2.
En todo caso, el derecho
de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de
excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados
preeminentes,
como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las
personas. Las
leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir
con exactitud
el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los
criterios que
deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no
declararse
secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas,
entre
otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente
cuando
exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y
cuando
ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha
información. Resulta contrario a los estándares internacionales
considerar
información reservada o clasificada la referente a violaciones de
derechos
humanos. 3.
Es responsabilidad
exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la
confidencialidad de la información legítimamente reservada que se
encuentre
bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes
de
medios de comunicación o miembros de la sociedad civil, que tienen
acceso y
difundan información reservada por considerarla de interés público, no
deben
ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos
que
hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes
(“whistleblowers”)
que, siendo empleados
gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del
ordenamiento
jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza
grave para
la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos
humanos o
del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente
sanciones
legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena
fe.
Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes
difunden
información reservada debe fundamentarse en leyes previamente
establecidas
aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas
de
debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo de primera
instancia.
4.
La injerencia ilegítima o
las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de
cualquier
expresión o información difundida a través de cualquier medio de
comunicación oral,
escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido
por
razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia
ilegítima
incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra
periodistas y
medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y
dominios de
Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los
funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de
represalia contra
quienes han difundido información reservada. 5.
Los bloqueos o sistemas de
filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos
por un
proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de
censura
previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios
de
Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de
sus
clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias. 6.
Los mecanismos
periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a
desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas
complejos y
sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria
cuando se
reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar
valiosos bienes
jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad
de las
personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la
necesidad
de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos
también
resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los
nuevos
medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas
éticas para
asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa,
presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y
desproporcionado a
bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los
derechos
humanos. Catalina
Botero Marino Relatora
Especial de la para
la Libertad de Expresión Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos Frank
LaRue Relator
Especial de las
Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión
December 21, 2010--In light of ongoing developments related to the
release of
diplomatic cables by the organization Wikileaks, and the publication of
information contained in those cables by mainstream news organizations,
the
United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and
Expression and
the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) Special
Rapporteur for
Freedom of Expression see fit to recall a number of international legal
principles. The rapporteurs call upon States and other relevant actors
to keep
these principles in mind when responding to the aforementioned
developments.
1. The right to access information held by public authorities is a
fundamental
human right subject to a strict regime of exceptions. The right to
access to
information protects the right of every person to access public
information and
to know what governments are doing on their behalf. It is a right that
has
received particular attention from the international community, given
its
importance to the consolidation, functioning and preservation of
democratic
regimes. Without the protection of this right, it is impossible for
citizens to
know the truth, demand accountability and fully exercise their right to
political participation. National
authorities should take
active steps to ensure the principle of maximum transparency, address
the
culture of secrecy that still prevails in many countries and increase
the
amount of information subject to routine disclosure.